El juicio por el proyecto Castor comienza hoy lunes 18 de octubre, en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La Fiscalía pide para la mercantil Escal UGS, S.L. una multa de 189.000 euros (3 años y 6 meses de multa con una cuota diaria de 150) y prohibición de realizar actividades relacionadas con el subsuelo y el sistema gasista de manera definitiva por el caso Castor. Además, solicita para cada uno de los dos directivos acusados 6 años de prisión, 15.600 euros de multa, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión y oficio para actividades relacionadas con el subsuelo y el sistema gasista durante 3 años y medio y costas.
Los hechos relatados por Fiscalía son «legalmente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales con riesgo para la vida e integridad física de las personas». Los acusados, según la Fiscalía, procedieron con las inyecciones de gas «con absoluta ligereza y de manera totalmente irresponsable, colocándose en una situación de ignorancia deliberada desde el día 12 de septiembre de 2013 al no haber tomado intencionadamente medida alguna que mitigara o evitar el graves riesgo que se estaba produciendo».
Según los datos aportados por el Observatorio del Ebro, como consta en el escrito de Fiscalía, hubo 285 sismos de baja magnitud y un segundo grupo de eventos de sismicidad disparada de 733 sismos.
Asimismo, según informó el despacho de abogados BCV Lex, que representa a la asociación de afectados Aplaca, un total de 123 afectados por los seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria -participada mayoritariamante por la mercantil Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS)- y a dos de sus directivos un total de 1.845.000 euros por los daños morales producidos por la «ola de pánico» generalizado que se produjo a consecuencia de la gran cantidad de seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.
Un gran proyecto gasístico que acaba en un gran fiasco
El 24 de septiembre de 2013 se produjo el primer sismo sentido con intensidad, según el IGN (3,6º). El primer periodo de inyección de gas colchón fue el 14 de junio; el 19 de agosto, el segundo y el 2 de septiembre, el tercero. El terremoto de mayor intensidad entre más de medio millar registrados llegó a 4,2º Richter.
Después de los trámites realizados entre 2007 y 2009, en la primavera de 2009 comenzaban las obras del que debía ser un gran proyecto para garantizar la reserva de gas en España, pero que acabó convirtiéndose en un gran fracaso al poco de comenzar a andar. En septiembre de 2013, en plena inyección del gas colchón una serie de centenares de microsismos, algunos perceptibles por la población, provocaron su total paralización. Las obras habían finalizado el 5 de julio de 2012. Hasta entonces se habían desarrollado con normalidad, tanto en la planta terrestre como en la marina y el gasoducto, mientras Escal UGS firmaba acuerdos y convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Vinaròs, (para rehabilitar caminos y el Centro Especial de Empleo), colectivos de pescadores, la Fundación Jaime I, etc. La oposición vecinal al proyecto, ya antes de los seísmos, se focalizaba en la vecina población catalana de Alcanar, con la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. En Vinaròs no había tanto rechazo, ya que para el municipio suponía una inyección económica para las arcas municipales, además de la creación de empleo, en especial en la planta terrestre.
La inyección del gas colchón se retrasó hasta el junio del 2013. El 14 de junio comenzó el primer periodo de inyección; el 19 de agosto, el segundo y el 2 de septiembre, el tercero. Septiembre fue el mes fatídico, comenzaron a registrarse numerosos microseísmos en la zona. El Observatorio del Ebro, situado en Roquetes, advirtió telefónicamente el 10 de septiembre del creciente incremento en torno a la plataforma marina. Ese mismo día Escal comunicó la aparición de microsismos a los organismos del gobierno y medios de comunicación.
LAS PEORES NOCHES
El día 24 de septiembre, se produjo el primer sismo sentido con intensidad, según el IGN (3,6º). El de mayor intensidad de los más de medio millar que quedaron registrados oficialmente llegó a 4,2º Richter y fue percibido por buena parte de los habitantes de la costa del sur de Tarragona y norte de Castellón. A pesar de ser en plena noche (la madrugada del 1 de octubre), fueron numerosos los vecinos que se despertaron al notar un vaivén de sus camas e incluso el crujir de muebles. Fue una noche de pesadilla, como la siguiente del 2 de octubre cuando en un margen de media hora, hubo dos más, de 4,1º y después se sucedieron otros, de menor magnitud, imperceptibles, siendo una de las madrugadas de mayor actividad sísmica. Las cámaras de seguridad del aparcamiento del centro comercial Portal del Mediterráneo registraron uno de estos seísmos; en un momento determinado y durante dos segundos, las imágenes tiemblan.
Llegaron a notarse por la población seísmos en siete días diferentes, entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre. El vecindario de las poblaciones más próximas al mar e incluso otras próximas a las costas seguían con gran preocupación esta situación por la que nunca habían pasado. Se multiplicaron las consultas por internet a las estadísticas que el IGN ofrecía sobre el registro de microseísmos.
Las voces acusando al proyecto Castor de los seísmos no cesaron e incluso se convocaron concentraciones de protesta con gran asistencia. Vinaròs pasó a ocupar titulares en los principales medios de comunicación del país. Este tímido rechazo inicial al proyecto se convirtió en un clamor contrario al mismo y es que ni los más pesimistas podrían haber pensado inicialmente que llegarían a vivir con miedo a un terremoto con consecuencias catastróficas, como en esos momentos se temía. Hasta la Policía Local difundió consejos de cómo actuar si se notaban temblores y en los colegios se hicieron simulacros entre el alumnado para saber cómo actuar.
Diversos vecinos de la zona hicieron constar daños como grietas en el pavimento de terrazo de algunas de las habitaciones de sus viviendas y también en alguna fachada.
El 27 de septiembre, desde el Ministerio se ordenó el paro temporal de las operaciones de inyección/extracción al subsuelo hasta haber preparado y enviado un informe explicando la situación por parte de Escal. El 4 de octubre la Guardia Civil aterrizó en la Plataforma Marina del AS Castor para confirmar la situación de parada de la inyección de gas.
Escal envió al Ministerio en mayo del año siguiente un Informe Final sobre la microsismicidad al Ministerio, mientras el Consejo de Ministros acordaba la hibernación e indemnización del proyecto.
1.300 millones de euros había sido la inversión total por el fracasado proyecto, pero si se añade financiación y gas colchón, entre otras cosas, la cantidad rondó los 1.700 millones de euros.
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia criticaba a Escal UGS S.L. asegurando que no había informado el minuto «tanto a las autoridades locales, como autonómicas y nacionales, y que haya mantenido una política de transparencia total con todos los interlocutores, como dijo su presidente». También recordaba que los sismógrafos costeados por Escal se compraron gracias a la insistencia de la Plataforma, «aunque han servido de poco, pues los seísmos se han conocido por el Instituto Geológico Nacional».
La Fiscalía pide seis años de prisión a los dos directivos
La Fiscalía pide para la mercantil Escal UGS, S.L. una multa de 189.000 euros (3 años y 6 meses de multa con una cuota diaria de 150) y prohibición de realizar actividades relacionadas con el subsuelo y el sistema gasista de manera definitiva por el caso Castor.
Además, solicita para cada uno de los dos directivos acusados 6 años de prisión, 15.600 euros de multa, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión y oficio para actividades relacionadas con el subsuelo y el sistema gasista durante 3 años y medio y costas.
Asimismo, según informó el despacho de abogados BCV Lex, que representa a la asociación de afectados Aplaca, un total de 123 afectados por los seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria -participada mayoritariamante por la mercantil Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS)- y a dos de sus directivos un total de 1.845.000 euros por los daños morales producidos por la «ola de pánico» generalizado que se produjo a consecuencia de la gran cantidad de seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.
Los hechos relatados por Fiscalía son «legalmente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales con riesgo para la vida e integridad física de las personas». Los acusados, según la Fiscalía, procedieron con las inyecciones de gas «con absoluta ligereza y de manera totalmente irresponsable, colocándose en una situación de ignorancia deliberada desde el día 12 de septiembre de 2013 al no haber tomado intencionadamente medida alguna que mitigara o evitar el graves riesgo que se estaba produciendo».
Según los datos aportados por el Observatorio del Ebro, como consta en el escrito de Fiscalía, hubo 285 sismos de baja magnitud y un segundo grupo de eventos de sismicidad disparada de 733 sismos.
Considera la Fiscalía que el riesgo potencial de terremotos de consecuencias trágicas y nefastas para las personas, bienes y medio ambiente deviene incuestionable, produciéndose una situación que se agravaba ante el desconocimiento de la evolución futura del proceso sísmico iniciado. Recuerda que la Generalitat Valenciana activó el Plan Especial ante Riesgo Sísmico de Protección Civil en los municipios afectados.
El juicio comienza este lunes 18 de octubre, en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana Está previsto que se desarrolle durante 11 sesiones repartidas entre los meses de octubre y noviembre, en las que comparecerán un total de 189 testigos y 39 peritos.
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Pirata Oscar
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