Ya tenia ganas de subir las entradas que te tenia preparada sobre el hallazgo del tesoro de la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes". Pero como no habiamos terminado de ver la serie Fortuna que va sobre ese hallazgo decidí esperar unas semanas. Y asi todo esta semana cada día iremos subiendo sobre esta gran hallazgo que dan ganas de explicarlo bien.
España y Odyssey, la cronología de cinco años de litigio
- Un juez da la razón a España en la disputa por el tesoro de la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes", al que accederá en una semana.
- El tesoro está valorado en 500 millones de dólares (380 millones de euros).
España ha recuperado el tesoro de la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes", tras cinco años de litigio con la empresa estadounidense Odyssey que lo recuperó del mar en 2007.
En mayo de aquel año Odyssey Marine Exploration, con sede en Tampa (Florida, EEUU), anunció que había rescatado medio millón de monedas de oro y plata de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes -hundida en 1804 en el océano Atlántico frente a las costas del Algarve (Portugal)- y el Gobierno español inició la reclamación legal de todos los objetos tomados del yacimiento.
Tras un litigio repleto de recursos interpuestos por Odyssey, el juez Mark Pizzo, del Tribunal Federal de Tampa (Florida, EE UU), decidió dar la razón a España. Con esta decisión finaliza la disputa entre España y Odyssey por un tesoro valorado en 500 millones de dólares (380 millones de euros).
18 de mayo de 2007: La compañía Odyssey, con sede en Tampa (Florida, EE UU) anuncia el hallazgo en aguas internacionales de medio millón de monedas de plata y oro (casi 17 toneladas), aunque se niega a facilitar la localización exacta del tesoro y la nacionalidad del buque. Tras este anuncio, el Ministerio de Cultura español alerta a la Guardia Civil, que abre una investigación.
30 de mayo de 2007: El Gobierno español presenta una demanda contra Osyssey ante un tribunal federal de Tampa (Florida).
08 de junio de 2007: La empresa Odyssey insiste en que la operación de rescate del tesoro, denominada "Cisne negro", no se desarrolló en aguas territoriales españolas.
06 de agosto de 2007: Odyssey presenta un informe sobre el hallazgo arqueológico ante el tribunal de Tampa, aunque sin aportar datos solicitados por el Gobierno español como la localización del yacimiento y el número de piezas extraídas.
19 de septiembre de 2007: El Gobierno de España solicita al juez de Tampa que rechace las demandas de Odyssey.
26 de noviembre de 2007: El juez de Tampa, Mark A. Pizzo, pide al Gobierno español y a Odyssey que pacten un acuerdo de confidencialidad sobre el tesoro.
10 de enero de 2008: El juez ordena a Odyssey que proporcione al Gobierno español información detallada sobre el tesoro y el buque y le permita examinar los objetos extraídos.
25 de enero de 2008: España considera insuficiente la información de Odyssey.
12 de marzo de 2008: El juez da un plazo de treinta días a Odyssey para que facilite el nombre real del Cisne Negro, el barco del que extrajo el tesoro, al tiempo que ordena que se considere confidencial la información sobre los planos del lugar en el que se encuentra el barco, fotografías del lecho marino y otras imágenes.
08 de mayo de 2008: España afirma que el navío del caso Odyssey es el "Nuestra Señora de las Mercedes", perteneciente a la Armada Española, y hundido en octubre de 1804 por los ingleses frente a las costas del Algarve." La empresa estadounidense dice que no hay pruebas suficientes que demuestren la identidad del barco.
22 de septiembre de 2008: España presenta pruebas de que el barco del que Odyssey extrajo el tesoro es la fragata "La Mercedes", y argumenta que los restos de dicho navío pertenecen a un cementerio marino y se encuentran protegidos por la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. Al día siguiente, acusa a la empresa de haber excavado en el suelo marino en secreto.
03 de junio de 2009: El juez Pizzo dictamina que el tesoro debe ser devuelto a España, dado que el naufragio corresponde a la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes" y la carga está sometida a la inmunidad soberana.
21 de junio de 2009: Odyssey presenta sus objeciones a la entrega de tesoro a España, basadas principalmente en la naturaleza comercial de la misión que llevaba a cabo el buque.
22 de junio de 2009: El Gobierno peruano y una treintena de descendientes de los comerciantes propietarios del tesoro impugnan la recomendación del juez Pizzo. Perú reclama la propiedad de las monedas y los descendientes alegan que el buque transportaba bienes privados.
Agosto de 2009: El gobierno de Estados Unidos presenta un informe favorable a los intereses de España.
22 de septiembre de 2009: El juez Steven D. Marryday, del distrito federal de Tampa, ordena a Odyssey que devuelva a España el tesoro.
Enero de 2010: Odyssey recurre ante el Undécimo Tribunal de Apelaciones, con sede en Atlanta (Georgia).
29 de noviembre de 2011: El Tribunal de Atlanta desestima un recurso de Odyssey, que anuncia que recurrirá ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
31 de enero de 2012: El Tribunal de Apelaciones de Atlanta rechaza otro recurso, lo que obliga a Odyssey a devolver a España el tesoro.
09 de febrero de 2012: El Tribunal Supremo de EEUU rechaza el recurso de urgencia interpuesto por la empresa estadounidense para que suspendiera la ejecución de la sentencia.
10 de febrero de 2012: El Tribunal de Apelaciones de Atlanta (Georgia) notifica que ha emitido el "mandato" que obliga a la empresa estadounidense Odyssey a entregar al Estado español el tesoro.
14 de febrero de 2012: El Tribunal de Tampa (Florida) recibe la orden de convocar a las partes para fijar una audiencia en la que se establezca el plazo y procedimiento de entrega.
17 de febrero de 2012: El Tribunal Federal de Tampa deniega a Odyssey la moción de reembolso de unos 412.000 dólares, en concepto de custodia del tesoro y dictamina que España podrá acceder al tesoro el día 21 y sacarlo de EE UU a partir del 24.
24 de febrero de 2012: El Gobierno español inicia el embarque del tesoro de la fragata española "Nuestra Señora de las Mercedes" en dos aviones Hércules en Tampa (Florida) para su traslado a España. Es uno de los despliegues de seguridad más ambiciosos de la historia de la costa oeste de Florida.
25 de febrero de 2012: El tesoro de Las Mercedes llega a la Base Aérea de Torrejón (Madrid), a bordo de dos aviones Hércules del Ejército del Aire.
26 de marzo de 2012: El Gobierno español aseguró que el inventario proporcionado por Odyssey de los objetos de "La Mercedes" que quedan en Gibraltar, y que la empresa debe entregar a España, era "falso" y "ocultaba" significativos objetos, por lo que pidió a un tribunal estadounidense que la sancione por desacato.
15 de mayo de 2012: El supremo de Estados Unidos rechaza la petición de la empresa para que se revise el caso. Es el último recurso que le queda para recuperar el tesoro. Odyssey no era la única demandante; también los supuestos herederos del tesoro y el gobierno peruano interpusieron sendas demandas.
La justicia española cierra el ‘caso Odyssey’ reconociendo su “enfado” con su “insólita tramitación”
La Audiencia de Cádiz archiva el proceso judicial contra los autores del expolio y profanación de la fragata ‘Mercedes’, tras una accidentada instrucción de 14 años
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Unas 30.000 monedas de plata, además de algunas de oro, restauradas para una exposición en Madrid en 2014. Son solo una parte de las 500.000 que la empresa de arqueología submarina Odyssey expolió de la fragata 'Mercedes'.
Dos agravios y una victoria jalonaban hasta ahora la historia de la fragata Mercedes. La primera afrenta de la Marina británica provocó su hundimiento junto a sus 275 tripulantes el 5 de octubre de 1804, frente a la costa del Algarve (Portugal). La segunda ofensa de la empresa cazatesoros Odyssey la expolió, en mayo de 2007, al extraer 500.000 monedas de plata y oro del pecio. El triunfo llegó cuando la justicia estadounidense reconoció “la propiedad española” del tesoro en febrero de 2012. Pero a la historia de Nuestra Señora de las Mercedes aún le faltaba un ultraje más: el archivo definitivo de la causa judicial que, en España, debía juzgar el destrozo y la profanación realizada sobre el yacimiento subacuático. Tras una tortuosa instrucción de 14 años, la Audiencia de Cádiz se ha visto obligada a dejar morir la causa, no sin reconocer su “desconcierto” y “enfado” por lo que considera una “insólita tramitación”.
De forma paralela al proceso legal que se abrió en Florida (Estados Unidos) para averiguar de quién era la titularidad de las monedas, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea de la Concepción (Cádiz) inició su investigación con la intención de determinar si el responsable de la empresa Odyssey Marine Exploration, Greg Stemm, y su equipo habían cometido delitos de daños en un yacimiento arqueológico y de contrabando.
El regreso a España de las 500.000 piezas de plata y oro en febrero de 2012 —casi 17 toneladas que hoy se conservan en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena ARQUA— dieron cuenta de que la batalla en Estados Unidos había llegado a buen puerto. Ahora, el auto 561/21 de la Sección en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 7 de julio de 2021 y al que ha tenido acceso EL PAÍS, deja clara que la lucha en España ha naufragado definitivamente. La difusión del archivo del trámite judicial español coincide con el estreno de la serie La Fortuna, en la que el director Alejandro Amenábar ha llevado a televisión la historia a partir de El tesoro del Cisne Negro, un cómic de Paco Roca y Guillermo Corral.
Los tres magistrados ponentes consideran que el archivo, contra el que ya no cabe recurso, está sustentado principalmente en la prescripción de los propios delitos que se investigaban y pretendían juzgar, penados con un máximo de cinco años de prisión. Y esa paralización está justificada, según el mismo auto, en que la justicia estadounidense nunca llegó a responder a la comisión rogatoria realizada en 2013, necesaria para tomar declaración a Stemm y el resto de investigados. “Estados Unidos, en lo que refiere al pleito de las monedas, estuvo del lado de España”, resume Ángel Núñez, fiscal especialista en patrimonio y encargado del caso hasta el año 2009. “Pero es cierto que cuando se trata de empitonar a un nacional suyo son muy poco colaboradores. Y al ser investigados ciudadanos norteamericanos que no están a disposición de los tribunales españoles…”.
Lo cierto es que la causa española de la empresa Odyssey había entrado en barrena antes del pronunciamiento de este mismo año. Ya en diciembre de 2016, el juez de La Línea dictó el sobreseimiento de la causa. La acusación popular, ostentada por la empresa Nerea Arqueología Subacuática, recurrió y el juzgado lo rechazó. En un nuevo intento por no dejar morir el proceso, el arqueólogo Javier Noriega, uno de los responsables de esta pequeña compañía con sede en Málaga, apeló a la Audiencia, que ahora desestima definitivamente ese paso y confirma la decisión del juzgado. Con todo, los magistrados dejan claro que comparten “con la [parte] recurrente su extrañeza, desconcierto y hasta enfado por la, llamémosla, insólita tramitación de esta causa, al menos desde el año 2013″, aunque no llegan a precisar en qué se sustenta ese sentimiento.
El arqueólogo Javier Noriega cree saber muy bien a lo que se refieren. Él y los suyos decidieron personarse en la causa —representados por el abogado José María Lancho— como “deber profesional y moral” y ha visto cómo “todos estos años se resumen en el final: prescripción”. “Se evita entrar en el fondo de la cuestión de lo ocurrido sobre el patrimonio cultural español”, denuncia el experto. Esos insólitos pasos en la instrucción de los que habla la Audiencia y que Noriega sufrió de primera mano quedaron incluso narrados en la prensa cuando un procurador sin poderes que, anteriormente, representaba a los investigados fue descubierto en marzo de 2012 en el juzgado fotocopiando el sumario del caso, tal y como avanzó en su momento el periódico Abc.
La falta —que el fiscal jefe de Algeciras tildó incluso de “burla”— era grave, si se tiene en cuenta que la causa tenía como testigo protegido a un buzo que estaba amenazado por haber denunciado a Odyssey al ser conocedor de algunas de sus andanzas en el Estrecho. Ahora, Noriega, de 46 años, asiste con pesadumbre al fin de un proceso que le ha ocupado parte de su trayectoria: “Como amantes de nuestra profesión es frustrante, se convierte en una derrota de todos, de la cultura y de la sociedad. Si además de esto, el responsable ha quedado impune, porque ha prescrito, es tristísimo”. Pese al revés legal, el arqueólogo defiende que en la instrucción del sumario “hay pruebas de todo tipo, arqueológicas, testimoniales, técnicas, jurídicas y un montón de cuestiones rotundas desde el punto de vista científico que atienden con una veracidad aplastante a lo supuestamente ocurrido”. De ahí que el experto crea que se ha perdido la oportunidad de que desde Europa se lanzase “un mensaje claro a los ladrones que desde hace años destruyen la historia de los pecios de época moderna por el mundo”.
Solo les interesaron las monedas
Odyssey Marine Exploration nunca tuvo un interés en la fragata española que fuese más allá de su cargamento de oro y plata. Quedó patente en el brutal destrozo que la empresa provocó en la zona arqueológica donde reposan los restos de los 275 fallecidos en el ataque de 1804. “Un yacimiento cuando es expoliado, es destruido para siempre”, asevera Noriega. De hecho, tras el expolio, ARQUA capitaneó una excavación científica realizada en tres campañas —de 2015 a 2017— en la que se documentaron los restos que quedaban del pecio y se recuperaron las piezas que los cazatesoros se dejaron atrás: cañones, cuberterías y demás objetos cotidianos de la vida de abordo. En la expedición consiguieron el reto de descender 1.130 metros, la mayor profundidad alcanzada hasta entonces en una incursión arqueológica subacuática por un país europeo.
Aunque el daño hecho a un lugar de memoria como es el yacimiento de la Mercedes se vaya a quedar sin juicio ni culpables, Núñez cree que las consecuencias del proceso “fueron positivas, desde el punto de visto legal y global”. Noriega va más allá: “España y sus costas hoy son posiblemente el lugar más blindado y seguro del mundo en la protección del patrimonio ante el expolio”. Desde el caso Odyssey ha cambiado y mejorado la tipificación de delitos contra el patrimonio histórico en España, se han creado nuevos mapas arqueológicos, ha mejorado la coordinación entre administraciones y ha crecido la concienciación social contra este tipo de delitos, precisamente algunos de los talones de Aquiles que los cazatesoros aprovecharon para hacerse con las monedas. Tan poco favorable debió volverse el entorno —también, el internacional—, que hace ya seis años que la empresa estadounidense decidió reorientar su actividad a la minería subterránea.
Mañana subiremos otras dos articulos relacionados más sobre la Fragata Nuestra Señora de las Mercedes aquí os espero.
TODA LA INFORMACIÓN LO HE
ENCONTRADO EN DOS ARTICULOS
DE LOS PERIÓDICOS DE 20 MINUTOS
Y EL PÁIS.COM
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