El próximo mes de abril se debe aplicar la normativa europea de residuos, por la que los ayuntamientos deben cobrar a los vecinos una nueva tasa municipal.
El impuesto de basuras ha tenido tres años de margen para que los municipios de más de 5.000 habitantes lo instauren entre sus vecinos, y dado que ya han pasado las elecciones locales y municipales, y tras un retraso de tres años, el plazo ha terminado.
Desde abril de 2025 tiene que implantarse la Ley 7/2022, que busca reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente.
Fue en 2022 cuando se dio un plazo de tres años a las localidades y municipios de 5.000 habitantes para que aplicaran un nuevo impuesto que supusiera que la recogida de basuras no fuera “deficitaria” para los municipios y reflejara el “coste real, directo o indirecto” de esta actuación, así como “del transporte y tratamiento de residuos”.
Este próximo mes abril de 2025 es cuando todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tendrán que cobrar a sus ciudadanos por un servicio que hasta ahora solía estar subvencionado por el ayuntamiento.
Hay municipios que no tienen este impuesto y tienen que crearlo de cero. La tasa de basuras en Madrid está incluida dentro del IBI, el Impuesto de los Bienes Inmuebles. En Barcelona, por ejemplo, se paga en función de la cantidad de agua que consume cada vivienda.
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha recordado que, por vez primera en la historia de la tributación local, los ayuntamientos se enfrentan a una tasa obligatoria, que debe sufragar el 100% del coste del servicio. Creen que se debe aplicar el principio del pago por generación, consecuencia del principio, “el que contamina paga”.
Lo que dice la ley
“La Ley tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino”, dice el texto.
“Se contribuye así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 y en particular a los objetivos 12 (producción y consumo sostenibles), 13 (acción por el clima) y 14 (vida submarina). Asimismo, en el ámbito de su contribución a la lucha contra el cambio climático, esta ley es coherente con la planificación en materia de energía y clima”, añade.
Además, desde la Comisión Europea se identificó en su Plan de Acción en materia de economía circular los plásticos como una de las áreas prioritarias de intervención, “al considerar que sólo se recicla menos de la cuarta parte del plástico recogido y casi la mitad termina en vertederos”.
Precisamente, según la Comisión Europea, “la contaminación por plástico es un problema creciente que en España ha sido reflejado en los Programas de seguimiento de las Estrategias Marinas en cuanto al Descriptor 10 ‘Basuras Marinas’.
En el año 2020, los plásticos alcanzaban el 75,9 % de los residuos registrados en las playas. España, además, cuenta con una amplia superficie marina y es uno de los países europeos con mayor diversidad biológica. Con esta ley se pretende minimizar la llegada al mar de residuos plásticos y asimismo contribuir al buen estado ecológico de los mares que requiere la Directiva 2008/56/CE, 17 de junio de 2008
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